Argentina: Cristina Kirchner compra libertad y la paga con poder

0
5060

El pacto explícito cuasi diabólico entre el presidente electo argentino Alberto Fernández en el cual recibió el poder que emana de la investidura presidencial, y su mentora y vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner que recibe como contra parte la liberación de sus causas judiciales e impunidad, sigue cumpliendo etapas y ya es previsible el resultado: con el país paralizado por la pandemia, lo que incluye a la justicia, las diez causas en su contra (ocho de ellas por corrupción), van languideciendo y se suceden las decisiones que favorecen a la hoy vicepresidente, es tan pero es tan burdo que es un insulto a la gente.

La última buena noticia recibida por la vicepresidente Cristina Kirchner se la dio la Oficina Anticorrupción, al anunciar que desiste de ser querellante en dos de las causas de corrupción que enfrenta, las conocidas como Hotesur y Los Sauces, nombre de dos de las empresas inmobiliarias y hoteleras de la familia. El titular de la dependencia, Félix Crous, anunció que también se retirarán de otros procesos donde se investigan casos de corrupción, aunque no fue más preciso. Crous es uno de los fundadores de Justicia Legítima, una organización que agrupa a jueces y fiscales que hacen gala de su militancia kirchnerista.

A pesar de las protestas de lawfare, persecución política y acusaciones varias, las dos causas citadas muestran claramente parte del mecanismo mediante el cual la familia Kirchner se enriqueció de una manera increíble sin poderlo justificar, cobrando sobornos y el posterior blanqueo del dinero por diferentes canales. El mecanismo era muy simple y de manual. Los empresarios que participaron en la obra pública, en licitaciones amañadas, alquilaban pisos y habitaciones de hotel en algunos de los establecimientos de la entonces familia presidencial, a precios exorbitantes pagando así los sobornos. En el caso de los hoteles, alquilaban permanentemente todas sus habitaciones, que generalmente no usaban. Otro de los hoteles burdamente recibió el beneficio extraordinario de albergar a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas, empresa estatizada por Cristina Kirchner, cuando llegaban a la localidad turística de El Calafate.

Hubo varios empresarios que entraron en este esquema (hoy varios procesados), ya que los Kirchner practicaron el clásico capitalismo de amigos. Pero los principales fueron dos, el más conocido es Lázaro Báez (470.000 hectáreas: 25 estancias en la provincia de Santa Cruz. Todas estas propiedades fueron compradas entre 2008 y 2015. Actualmente todas sus propiedades están intervenidas por el Estado Nacional, el susodicho hoy está preso, acusado de asociación ilícita y lavado de activos), que cuando conoció a Néstor Kirchner era un simple empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, que se convirtió en amigo y socio del fallecido ex presidente, y que llegó a convertirse en dueño de media Patagonia.

El otro es Cristóbal López (empresario argentino, dirige el conglomerado empresarial Grupo Indalo, que abarca actividades tan diversas como medios de comunicación, juegos de azar, alimentos, combustibles, construcción y demás), que ya era rico antes de conocer a los Kirchner, pero que lo fue mucho más después de sus negocios con ellos. En este último caso, López les prestó además un servicio invalorable, desde el punto de vista político. Se convirtió en empresario de medios, sin ninguna experiencia previa, que puso al servicio incondicional del gobierno. Empezó por Radio del Plata, donde su primera media fue despedir al periodista Nelson Castro, muy molesto para los Kirchner. Después compraría una de las radios más escuchadas del país, Radio 10, y una cadena de televisión, ambas propiedades del periodista-empresario Daniel Hadad, que tuvo que soportar enormes presiones para desprenderse de sus medios.

En ambos casos, los principales acusados son Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo (que es diputado) y Florencia, esta estuvo un año en Cuba, lejos de los jueces, tratándose una rara enfermedad sin cura en la Argentina pero en realidad estuvo prófuga de la justicia argentina en un país sin extradición donde aprovechó para mejorar su estética con varias cirugías, que achacó al supuesto acoso y persecución del anterior gobierno y de la Justicia. Regresó al país el pasado 22 de marzo, cuando estaba claro que ya no corría ningún peligro de rendir cuentas a ningún juez.

Tras la decisión de la Oficina Anticorrupción, la oposición denunció este operativo de impunidad, recordando además que dicha dependencia pasó a la órbita de la Casa Rosada al inicio del actual gobierno, con la evidente pérdida de autonomía. Y afirma que la decisión de que el organismo se retire de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner se tomó después de una reunión que hace unos días mantuvieron el presidente, Alberto Fernández, y la propia Cristina, de tres horas de duración, y de la que no se informó a los medios sobre su contenido. Para la oposición, “estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigados por corrupción”. El adjetivo sistemático no es inocente; el kirchnerismo lo usa a menudo en sus acusaciones contra el anterior gobierno de Mauricio Macri, ya que recuerda cómo el juicio contra los represores de la dictadura insistía en que todo obedecía a un plan sistemático.

La abogada Silvina Martínez, la denunciante inicial en las dos causas, anunció que pedirá investigar penalmente a al titular de la Oficina Anticorrupción por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Recordó que, por ley, la Oficina Anticorrupción debe constituirse en parte querellante en aquellos procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado. La abogada, una tenaz investigadora, denunció también que la Justicia está evaluando levantar las medidas cautelares para que los Kirchner puedan recuperar sus bienes, inmovilizados por la justicia.

El operativo impunidad se puso en marcha hace ya unos meses. Incluso antes del cambio de gobierno, en diciembre pasado. Cuando las urnas dictaminaron el resultado, los jueces fueron permeables a distintas maniobras que sacaron de la cárcel a casi todos los funcionarios kirchneristas presos, siendo el último y más notable el ex vicepresidente, Amado Boudou, que tenía sentencia firme por corrupción.

Pero hay otras maniobras en marcha, el presidente aceleró la anunciada reforma judicial, que apunta sobre todo al fuero federal, donde se tratan todos los temas de corrupción. Una jueza de declarada militancia kirchnerista, Ana Figueroa, denunció haber sido presionada durante el gobierno anterior, en el caso del encubrimiento de Irán por el atentado de la AMIA. Su denuncia se produce años después de que hubieran sucedido los hechos y sobre los que nunca habló. Cristina Fernández aprovechó esta denuncia para señalar a un fiscal, que no fue mencionado por la jueza, como admitió más tarde la misma magistrada.

También existe el llamado Operativo “Puf” que pretende acabar con otro caso emblemático, el de los cuadernos de las coimas (sobornos), mediante acusaciones inverosímiles sobre el fiscal del caso. Esta causa se basa en la información recopilada por el chofer del número 2 del ministerio de Planificación, uno de los más activos recaudadores de sobornos entre los empresarios. Los documentos que tiene en sus manos la justicia son la más detallada descripción de cómo actuaba uno de los circuitos de los pagos ilegales.

Es muy evidente el pacto a simple vista, deja ver quien tiene realmente el poder, como lo ejerce y con que fines, el presidente Alberto Fernández no da ninguna muestra clara de tener el timón de las decisiones en este tema sino más bien parece una mascota llevada del hocico de correa por su ama. La Argentina deberá despertar de ese sueño aletargado y comenzar a exigir justicia, como lo está haciendo el pueblo cordobés que ha comenzado un camino de libertad.