Miami, 16 oct.- Dos funcionarios de una cárcel de Florida fueron despedidos por permitir que una reclusa diera a luz a un niño en el presidio, lo que constituye un delito de acuerdo a una ley estatal, informaron las autoridades locales.

La Oficina del Alguacil del Condado de Broward, en el sur del estado, anunció hoy los despidos del coronel Gary Palmer y de la teniente coronel Angela Neely, ambos del Departamento de Detención del condado.

Según informó el alguacil de Broward, Gregory Tony, la acción de los oficiales constituyó una violación a la Ley Tammy Jackson, aprobada el año pasado para que las reclusas dieran a luz en centros especializados.

La Oficina del Defensor Público, en una carta enviada, le solicitó a la Oficina del Alguacil de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) tomar medidas.

De acuerdo con el canal Local 10, en septiembre pasado una reclusa de 28 años dio a luz a un niño en la enfermería del centro penitenciario para mujeres del North Broward Bureau.

Stephanie Bretas, quien además padece una enfermedad mental, comenzó a tener contracciones y a llorar por los dolores de parto, según la carta del defensor público, pero no fue trasladada a un hospital como dicta la ley.

En un comunicado de prensa, el alguacil Tony precisó que los despidos se derivan de una exhaustiva investigación y que estos funcionarios “le fallaron gravemente a esta agencia y a esta reclusa”.

La Ley Tammy Jackson fue firmada en junio pasado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y garantiza que las mujeres embarazadas que entren en labor de parto mientras están encarceladas sean transportadas sin demora a un centro médico apropiado.

Se legisló a partir de un precedente, el de la reclusa Tammy Jackson, que estaba en una celda de aislamiento de Broward cuando entró en trabajo de parto en abril de 2019 y dio a luz a su bebé sola.

La BSO indicó que sigue investigando las circunstancias del nacimiento del niño de Bretas y que tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un hospital cercano.

Por su parte, la Oficina del Defensor Público asegura que Bretas, arrestada por cargos de robo, fue rociada con gas pimienta mientras estaba embarazada y que debía haber sido internada bajo la Ley Baker para personas con problemas de su salud mental y no en una celda carcelaria.