La venganza de Cristina Fernández y su compromiso con Soros

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La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Archivo

“La venganza es un plato que se come frío” reza el dicho popular, y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner esperó agazapada y se escudó en la pandemia para ir por el poder judicial argentino y por los otrora opositores de la ley 125 (que fue el paro agropecuario, lock out y bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que cuatro organizaciones del sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina) Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, tomaron medidas de acción directa contra la Resolución nº 125/2008, durante la presidencia de Cristina Fernández, que establecía retornar hacia un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz. La medida patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de hasta el 18 de julio del mismo año.

Al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades. El proceso tuvo una alta politización, el oficialismo, parte de la oposición, periodistas y dirigentes de derechos humanos denunciaron que tenía fines “golpistas”, mientras que los organizadores lo negaron).

Los productores de soja del país le ganaron una fuerte pulseada a los Kirchner, y perdieron en el congreso la votación de la misma con el recordado “voto no positivo” del vicepresidente oriundo de la provincia de Mendoza Julio César Cleto Cobos la noche del 11 de marzo del 2008. Pero eso no quedó ahí, y esperaron y hoy vemos como se expropia una empresa de las más grande del rubro soja.

Hoy se resolvió enviar un decreto al congreso para la expropiación la empresa Vicentín invocando una ley de Videla (empresa agro exportadora que procesa el 12% de los granos del la argentina como integrante del grupo RENOVA que procesa unos 1200 millones de dólares al año en granos, es la mayor empresa de molienda de granos de Argentina en términos de capacidad instalada y también la mayor productora de biodiesel del país, cuyo mayor insumo es la soja), con el argumento de mantener la seguridad alimentaria de la nación, cuando en realidad van por el control del negocio nacional de los granos por una cuestión económica, política e ideológica.

Recordemos los argumentos del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías cuando comenzó las expropiaciones: el presidente venezolano, inició varios procesos de expropiación en 2002, de acuerdo con las más reciente cifras de la Confederación de Industriales Venezolanos, 1.168 compañías entre nacionales e internacionales cayeron en la redada del jefe de Estado venezolano cuyo argumento era la protección al empleo, asegurar la soberanía alimentaria y la promesa de una buena compensación.

Tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, Chávez emprendió la nacionalización de empresas de “sectores estratégicos” como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario.

Hay que recordar que el hijo de la vicepresidente y primer referente del movimiento kirchnerista conocido como “La Cámpora” y jefe de la bancada del Partido Justicialista en el congreso, junto a otros referentes de los movimientos sociales como el ultra izquierdista y amigo cercano del Papa Francisco Juan Grabois, han estado reclamando medidas que desemboquen exactamente en lo que ha empezado a suceder, la expropiación de empresas, tierras y propiedades privadas. Y han utilizado la pandemia y el estado de miedo de la población provocado a propósito para avanzar en este sentido. Nadie que entienda la situación duda de que se preparado el terreno social y económico para llegar a éste desenlace y que la situación quede camuflada por la crisis sanitaria.

Estamos asistiendo al inicio del mismo proceso desencadenado en Venezuela al mismo manual u hoja de ruta del antiguo Foro de San Pablo y hoy reciclado, agiornado y renombrado como el Grupo de Puebla (de acuerdo con el político chileno Marcos Enríquez-Ominami, uno de los promotores del Grupo, este representa una corriente que aspira a liderar y reunir al pensamiento progresista populista e izquierdista en América Latina, con elementos actualizados del Foro de Sao Paulo y la Unión de Naciones Suramericanas Unasur). Grupo que nace posteriormente al fracaso rotundo y absoluto del Foro de San Pablo, cuyos integrantes hoy fuera del poder (y en su mayoría involucrados en casos de corrupción peleando con la justicia en sus respectivos países) se muestran como promotores subliminales de las desestabilizaciones que vienen sufriendo las democracias de diferentes países latinoamericanos (Chile, Brasil, Argentina, Bolivia), en mayor o menor grado. Todos promovidos y financiados por los “embajadores o representantes” del Nuevo Orden Mundial.

A pesar de las declaraciones a la prensa del presidente Alberto Fernández donde aclara o trata de aclarar de que Cristina Fernández no estaría atrás de esta decisión no convence ni puede acallar el rumor de que la próxima expropiación sería una empresa láctea, también un sector que se opuso fuertemente a los gobiernos Kirchneristas y hoy gracias a la pandemia están comprometidos financieramente como toda la argentina, recuerden que el país está en default desde hace un mes. La vice presidenta llegó al poder en esta instancia con objetivos muy claros lograr doblegar al sistema judicial e ir por las fortunas y bienes de las empresas y personas más ricas de la argentina, y ha avanzado en ambos sentidos. Ha tenido en su hijo Máximo un teniente incondicional a través del manejo de la bancada parlamentaria y de los diferentes referentes de los movimientos sociales, y han encontrado en la pandemia un portal único e irrepetible para lograr sus objetivos.

Los cuales parten de intereses personales y mandatos directos del Grupo de Puebla.

También quiero recordar que en un artículo anterior escrito por mí mencione una lista de peticiones del magnate húngaro George Soros al presidente argentino Alberto Fernández que se alinea también a las intenciones de la vice presidenta y es:   https://usahispanicnews.com/soros-impulsa-a-la-argentina-al-peor-de-los-precipicios/

  • La depreciación de los activos argentinos al mínimo posible, por dos vías: devaluación monetaria y alargar el aislamiento total, y por tanto la parálisis económica.

Esto implica obligar a una cuarentena extensa a las empresas, cobrarles los impuestos, obligar a cumplir con las plantillas de empleados y se les prohíbe los despidos. Lo que hace incurrir a las empresas en un desfinanciamiento provocado lo que hace una caída estrepitosa de su valor y el aprovechamiento del estado para con motivos “de interés nacional” hacerse de la mayor parte del paquete accionario y así apoderarse de la propiedad privada.

Lo que no se explica como un estado en default técnico incapaz de cumplir y honrar sus deudas internacionales y nacionales estaría en condiciones de gastar ese dinero en expropiar la propiedad privada de empresarios de casi 100 años de historia como es el caso de la empresa Vicentín.

Estamos asistiendo al comienzo del fin de un país que no ha logrado en los últimos setenta años desarrollar una economía saludable y una convivencia social sustentable sino que han pasado de crisis en crisis y fueron cavando una grieta social tan grande que se ha tornado ya a esta altura insalvable, y han logrado institucionalizar la corrupción de tal manera que desde Perón a la fecha los únicos que se han enriquecido a costas del pueblo fueron los políticos que gobernaron en los diferentes períodos salvo puntuales excepciones como Raúl Alfonsín, que por no sumarse a la doctrina del chantaje y corrupción fue derrocado, y lo mismo sistemáticamente siguió pasando con todos aquellos que no mordían el suelo. Salvo Macri que fue el único presidente que terminó su periodo sin alinearse con la mafia peronista desde el retorno a la democracia a la fecha.

Se viene una época oscura para la argentina anunciado por el propio presidente Fernández como “el plan post pandemia”, ya está cayendo el poder judicial frente al poder político, el estado avanza sobre la propiedad privada escusado en motivos de intereses nacionales, un camino sin retorno que solo la sangre que derrame el pueblo podrá recuperar los valores y la convivencia pacífica. Hay un plan muy ambicioso del gobierno en el tema de las expropiaciones uno de los objetivos más claros e explícitos de la vice presidenta, a pesar de las declaraciones del presidente Alberto Fernández.