Deborah Lopez de Gomara

Hace más de tres meses que Argentina entró en el período de cuarentena obligatoria. Muchas provincias que lograron aplanar la curva de contagios pudieron (o están en vía de) retomar las actividades cotidianas e ingresar en lo que muchos llaman la “nueva normalidad”. Sin embargo, el Gran Buenos Aires y la Capital Federal todavía se rigen con estándares estrictos.

Esto se debe principalmente a que ambos sectores del país todavía tienen una alta tasa de contagiados de Covid-19, y una de las principales razones es por la cantidad de habitantes. Otro factor que influye es el movimiento que se da de un lado a otro y la cantidad de personas que viven en condiciones precarias.

A pesar de que el presidente afirma que no le temblará el pulso a la hora de tomar la decisión de extender la cuarentena (que es algo que es muy posible, y que fuentes del gobierno aseguran), las implicancias económicas que esto tiene sobre el país son devastadoras. No sólo para las grandes empresas, sino para quienes sobreviven con las ganancias diarias, como por ejemplo gimnasios, peluquerías y demás rubros que hace 3 meses frenaron totalmente sus ingresos y que se encuentran en una industria que será una de las últimas en levantarse.

En este contexto, durante el fin de semana ocurrieron en varios puntos del país varias manifestaciones para pedirle al gobierno que frene con la cuarentena, y
que por sobre todas las cosas, los dejen trabajar. “Me dicen que mi rubro no es esencial. Pero básicamente lo que me están diciendo es que me muera de hambre, pero que lo haga tranquilo porque están cuidando mi salud. Es una locura”, se quejó un manifestante en uno de los puntos clave de la manifestación: el Obelisco porteño.

Las consignas bajo las cuales fueron convocados apuntaron a una mayor reapertura de actividades, y al reclamo de que se respeten las libertades individuales. “Libertad para trabajar”, “Por una cuarentena inteligente” y “No al Estado totalitario” fueron algunas de las frases con las que varias personas acompañaron su protesta.

Cerca de la residencia presidencial, el panorama era similar: Las banderas argentinas y los carteles con consignas como “libertad” o “queremos trabajar” se repitieron entre los manifestantes que se bajaron de los autos y gritaban mirando hacia la Quinta de Olivos, donde está instalado el presidente Alberto Fernández.

También se hicieron escuchar muchos profesionales de la salud. Al mismo tiempo, y también en todo el país, los médicos y trabajadores sanitarios se movilizaron en autos y realizaron un bocinazo para reclamar contra la judicialización de aquellos profesionales que se infectaron y contagiaron el virus.

A pesar de que en teoría se estaba cometiendo un delito (desde el hecho de la aglomeración de personas hasta que muchos de ellos no tenían barbijo), las fuerzas de seguridad no actuaron y dejaron que los protestantes pudieran expresarse desde el principio hasta el final, haciendo cumplir, en cierta forma, el derecho a manifestarse.

Desde el plano de la salud, se comprende la decisión del gobierno local y nacional de extender la cuarentena obligatoria, sobre todo si el país no tiene la infraestructura necesaria para enfrentar un pico de contagios. Sin embargo, los derechos de aquellos que necesitan salir a trabajar para comer también deberían ser escuchados y tenidos en cuenta.

Si esto no se hace, una vez que todo esto pase, las cifras de desempleo y pobreza van a dejar al país (y a las personas) en una ruina total.

 

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