San Salvador, 28 jul.- El exministro de la Defensa y de Seguridad de El Salvador David Munguía Payés enfrentó este martes la audiencia inicial de un proceso por supuestamente beneficiar a las pandillas durante un armisticio pactado por estas bandas (2012-2014) y quedó a la espera del falló que definirá su futuro legal.

El general retirado, que llegó esposado y con escolta policial para presentarse ante una corte antimafia de San Salvador, enfrenta los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

“La negociación que se plasmaba dentro de las conversaciones que tenían con los principales líderes de las pandillas era bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios”, dijo a periodistas Julio Batarse, representante de la Fiscalía General de la República (FGR).

El representante del Ministerio Público añadió que durante la tregua se registraron diferentes fiestas en las prisiones con pandilleros y el ingreso de objetos ilícitos, situación que era conocida por Munguía Payés y el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), también acusado por los mismos delitos.

Aseguró que “toda la información era canalizada” hacia el general retirado, quien supuestamente colocó personas de su confianza en puestos claves para “estar realizando los beneficios a favor de las pandillas”.

El Ministerio Público pidió al tribunal que el proceso avance a la siguiente etapa y que Munguía Payés enfrente la investigación judicial en prisión preventiva.

Manuel Chacón, abogado defensor del militar, solicitó que no sea enviado a prisión preventiva por supuestamente padecer de una enfermedad crónica, por lo que el imputado fue revisado por expertos del Instituto de Medicinal Legal (IML).

El letrado apuntó que este caso es una “continuación” del juicio que enfrentó una veintena de personas, supuestos operadores de la tregua, y en la que únicamente fueron condenadas siete personas a penas leves.

Añadió que la acusación de la Fiscalía “parece un poco fuera de contexto”, dado que el ministro de Seguridad no puede estar enterado “de todo lo que pasa en los centros penales”.

Chacón indicó que uno de los principales testigos, un supuesto pandillero que accedió a declarar a cambio de beneficios judiciales, únicamente es “referencial” y que no tuvo ningún contacto con el imputado durante la tregua.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno, lo que redujo los homicidios sensiblemente.

La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones de la Fiscalía, un acuerdo con el Gobierno.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.

El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.

No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua Munguía Payés declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de “pacificación”.

Tras el fracaso de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.